El vocal del IPDUV se manifestó acerca del funcionamiento del organismo y los programas habitacionales

El vocal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) Mirko Nicolich explicó a cerca del funcionamiento de dicho organismo en torno a “ciertas interpretaciones que claramente tienen una interpretación errónea”. Asimismo, ratificó las acciones llevadas adelante en los últimos años de gestión para brindar respuestas a las familias chaqueñas, y aseguraron que cuentan con las auditorias y aprobaciones correspondientes de los programas implementados.

“Consideramos que es necesario aclarar ciertas cuestiones, que han tenido repercusión mediática y que distan mucho de condecirse con la realidad de la política llevada adelante en materia habitacional en nuestra provincia durante los últimos años. Hay que salvaguardar el nombre de las personas que tuvieron la responsabilidad de conducir este Instituto como así también de los trabajadores que ponen un esfuerzo diario para dar respuesta a las familias chaqueñas”, sostuvo el vocal del IPDUV Mirko Nicolich, quien ejerce funciones en el organismo desde el 2013.

Sobre el requerimiento que realizó la Justicia Federal, informó que se presentó la documentación e información solicitada y además, las autoridades del IPDUV se pusieron a disposición y aseguraron que “las puertas del Instituto se encuentran abiertas para que lleven adelante todos los requerimientos que considere necesario, tal como lo dispuso el gobernador en el marco de la plena predisposición del Gobierno de colaborar con la Justicia”.

Las denuncias sobre las que recae la investigación fueron realizadas en 2016 por la diputada de Cambiemos Ana María Canata: “Las denuncias son inverosímiles. Desde el IPDUV mantenemos un sistema de control permanente, auditorias que nos exige Nación para poder realizar desembolso de dinero y poder concretar las viviendas, además este organismo es conducido por un directorio que integran 3 personas y ninguna resolución es posible concretar sin la firma mínima de 2 de ellas”, aseveró Nicolich, quien explicó punto por punto las acusaciones que realizan al organismo.

 

Viviendas por cooperativa

En tanto, sobre la denuncia de que existen viviendas cobradas pero sin inicio, se explicó que el sistema de desembolsos que estipulaban los programas nacionales establecía un anticipo del 30% del monto del contrato. Esto es, el pago de ese monto sin avance, lo cual en muchos casos generó problemas con cooperativas que una vez cobrado eso, incumplían con el contrato y no se volvían a presentar ante el organismo.

Ante este tipo de situaciones, el IPDUV implementaba lo que la ley y la reglamentación ordenan: la intimación, la rescisión del contrato y la articulación de los mecanismos jurídicos pertinentes a los fines de recuperar esos fondos con la posterior readjudicación de la obra a cooperativas con buen grado de cumplimiento, y la solicitud de severas sanciones a los organismos competentes para intervenir en el control y regulación del asociativismo y cooperativismo, como ser la Dirección de Cooperativas, el Instituto Nacional de Asociativismo y la Economía Social (INAES), quienes eran los responsables de realizar los trámites y eventualmente otorgar y controlar las matriculas de las cooperativas (punto sobre el que también volveremos más adelante).

Asimismo, sobre la acusación de que integrantes de cooperativas afirman no haber recibido dinero o construir viviendas, se aclaró que el IPDUV no tiene competencia para controlar el funcionamiento de las cooperativas, a la cuales a la hora de contratar con el organismo se les exigía la presentación de la nómina de autoridades vigentes, con copia certificada del estatuto vigente y de la última acta de asamblea celebrada, su situación ante AFIP y ATP, un control previo de cada expediente por parte de Fiscalía de Estado y Contaduría General de la Provincia, quienes dictaminaban o no sobre la viabilidad de la contratación previo a la firma de la resolución de adjudicación de la obra.

“Quienes suscribían los contratos eran el presidente, secretario y tesorero de la cooperativa en su carácter de autoridades y representantes legales de la misma, resultando totalmente ajeno al organismo el control de la integración de las cuotas societarias. Por ello no correspondía al Instituto controlar la nómina de socios, mucho menos, si es que se repetían o no nombres en más de una cooperativa”, sostuvo Nicolich.

Por otro lado, indicó que el Instituto no recibía rendiciones de cuentas de cooperativas, solamente se abocaba a controlar y verificar mediante sus técnicos matriculados si se cumplimentaba o no con la etapa de avance real de obra estipulado en el contrato. En este sentido, sobre la denuncia de que existen rendiciones de cuentas con documentación apócrifa “resulta inexacta, en tanto pretende ser una falta atribuible al organismo”.

 

Política Habitacional destinada a Pueblos Originarios

Por otra parte, el directorio de IPDUV se refirió a la política habitacional destinada a pueblos originarios. Aseguraron que desde el año 2011 a la fecha se brindaron soluciones habitacionales a alrededor de 4.500 familias pertenecientes a las etnias Qom, Moqoit y Wichi, abarcando en promedio a una franja alrededor de 27.000 ciudadanos pertenecientes a las comunidades. De estas, entre 1.400 y 1.600 intervenciones corresponden al período comprendido entre los años 2012 y 2014 en el que el actual gobernador Domingo Peppo estuviere al frente del Organismo.

El total de éstas intervenciones no fueron exclusivamente en el marco del Programa para Pueblos Originarios, puesto que hasta diciembre de 2015 existieron diversos programas de viviendas de Nación que posibilitaban ejecutar obras para beneficiarios pertenecientes a las tres etnias, sin que la contención de su demanda se circunscribiese exclusivamente al citado programa, el cual era también (como su nombre completo lo indica) abarcativo de la demanda de pobladores rurales (llamados criollos) y susceptible de ejecución por distintas contratistas como ser cooperativas, empresas, municipios e inclusive fundaciones, siempre autorizado por resolución emanada de autoridad competente de Nación.

 

Controles de obras

Desde el IPDUV aseguraron que “los controles son estrictos”. Explicaron que cada informe se presenta con una descripción de su situación, con fojas de medición sobre el avance real de la obra suscriptas por parte de las autoridades de la cooperativa, un técnico particular matriculado contratado por ésta y la firma del técnico del organismo, con acta de apertura y acta de recepción en el caso de las finalizadas.

“Es la única manera de poder recibir nuevos desembolsos y poder gestionar las readecuaciones de precios por parte de Nación”, manifestó Nicolich, quien además comentó que desde la asunción del presidente Mauricio Macri en 2015 se realizaron alrededor de diez auditorías, en todos los casos sin objeciones.

Asimismo, sobre la denuncia del pago de sobreprecios en obras ejecutadas a través de programas de viviendas de Nación, el vocal del IPDUV aseguró que se trata de una hipótesis “lisa y llanamente insostenible”. Explicó que los montos por vivienda venían taxativamente estipulados en los convenios remitidos por Nación, y al venir estipulados de manera fija debía necesariamente gestionarse ante la Subsecretaría de Vivienda de Nación una redeterminación, adenda o readecuación de precios que permita finalizar las obras, habida cuenta del siempre agobiante desfasaje de precios derivado del aumento de los costos en materiales y mano de obra, y el correlativo incremento del costo del metro cuadrado construido.

 

Obras paralizadas

El vocal del IPDUV aseguró que en la provincia existen viviendas paralizadas debido a la falta de actualizaciones de costos en tiempo y forma. “No están paralizadas por desvío de fondos, eso es imposible por el mecanismo mismo de desembolsos”, sostuvo.

Así, explicó que desde el organismo provincial se recibía solo el 30% del monto del convenio con Nación, se generaban anticipos a las cooperativas intervinientes, se certificaba el avance real de la obra hasta el porcentaje establecido, y se rendía a Nación a la espera de que acepte lo rendido y genere un nuevo desembolso.

“El hecho de que un convenio con Nación estipule un monto determinado no significa que ese monto haya sido totalmente desembolsado a la provincia, sino que contaba con un sistema de anticipos, los cuales una vez rendidos habilitaban la posibilidad de recibir nuevos fondos correspondientes al convenio de que se trate, y así sucesivamente hasta recibir (en el mejor de los casos) el monto total del convenio, con un plazo de ejecución de obra de seis meses el cual en la mayoría de los casos, sea por problemas en el territorio o bien por el incremento de los materiales y mano de obra, se tornaba necesario solicitar adecuaciones que permitan suscribir adendas para cubrir el desfasaje de precios, trámites ante nación que siempre demoraban más que el plazo mismo estipulado para la conclusión de la obra”, manifestó.

Comentó que las viviendas paralizadas corresponden a obras adjudicadas entre el 2014 y 2015, y que en los programas ejecutados los años anteriores “está todo cerrado y rendido”. “Aún continúan las gestiones ante los organismos nacionales para readecuar los precios, y esta es una acción que lleva adelante el gobernador con esfuerzo, concretando permanentemente reuniones con funcionarios nacionales para poder reactivar la obra pública”, sostuvo.

“Es por todo lo expuesto, y viéndonos en la necesidad de salvaguardar el buen nombre de personas y la reputación de un organismo que en el último tiempo han sido cuestionados, desprestigiados y puestos en duda en ámbitos que no son los idóneos, consideramos corresponde se respete y defienda la vigencia del estado de derecho, no podemos usar la política del descredito y la denuncia sin argumentos como lo hizo la ex Diputada Canata para cuestionar todo un eje de gestión que tiene un impacto social  en la calidad de vida de los chaqueños que merece el compromiso de gestión tan trascendente como el realizado en esta etapa, y que llegado el caso habrá de ser mediante un pronunciamiento judicial y no por especulaciones, que se resuelvan todas las cuestiones que la Justicia considere que deben dilucidarse”, concluyó el vocal del IPDUV.